LA ALTERNATIVA POLÍTICA Y SU CARENCIA. El caso argentino en el contexto sudamericano

Por Daniel Campione
Muy breve mirada a los “progresismos” de Sudamérica.
Algunos procesos sudamericanos elogiados como “progresistas”, criticados como “populistas” e incluso autoproclamados como “socialistas”, fueron encabezados, en su inicio, por fuerzas políticas de breve historial (Bolivia), en laborioso proceso de formación y reconfiguraciones (Venezuela), o hasta sin un partido o coalición que los sustentara (Ecuador). Había un rasgo común fundamental: El derrumbe, previo y más o menos completo, del sistema de partidos anterior, configurado en base a agrupaciones que habían sufrido un largo desprestigio, como en Venezuela, o al menos venían de ruidosos fracasos, con desplazamientos de figuras presidenciales incluidas, en el pasado reciente. A todas ellas les correspondía una alta responsabilidad, tornada evidente para las mayorías populares, en un decurso de deterioro del nivel de vida, las condiciones de trabajo, y el acceso a los servicios y prestaciones públicas del conjunto de las clases subalternas. Un proceso firme de luchas y movilización popular precedió el ascenso al gobierno en los tres países, como respuesta a crisis económicosociales y políticas, con momentos agudos enmarcados en una trayectoria prolongada. El caso más rico en esas manifestaciones fue tal vez el boliviano, con la extensa lucha de los campesinos cocaleros, que conectó con episodios de protesta más bien urbana, con cariz insurreccional (corroborar) tales como las “guerras” del agua y del gas, y al menos dos grandes movilizaciones que derivaron en el desplazamiento de los gobiernos respectivos.

En Brasil y Uruguay el componente de novedad y transformación fue bastante menor. Los sistemas de partidos tradicionales no se derrumbaron, los elementos de crisis no llegaron a eclosionar, y no hubo movilizaciones que desplazaran gobiernos. Sí se produjo el arribo al gobierno de fuerzas que nunca habían llegado a la posición de gobierno hasta ese momento, y que provenían de posiciones situadas a la izquierda de los partidos gobernantes en períodos anteriores. Asimismo, si bien su aparición provenía de fines de los años 60 para el uruguayo Frente Amplio, en tanto que coalición de izquierda que reemplazaba a otras de alcance y nivel de éxito más circunscripto, y de los primeros 80 en el caso del Partido de los Trabajadores a principios de los 80, en esas épocas no tan lejanas habían irrumpido como novedosos y radicales agrupamientos que venían a conmover a sistemas políticos signados por el conservadurismo, el desprestigio a causa de prácticas mezquinas y corruptas, y la incapacidad para promover seriamente algo diferente a la “administración de lo existente”, en sociedades en las que el estado de cosas imperante distaba de ser prometedor. El que en Uruguay el sistema preponderante fuera un bipartidismo anquilosado y con sus raíces en el siglo XIX, y en Brasil se presentara el predominio de múltiples maquinarias electorales, inestables y de origen mucho más reciente, no proyectó diferencias sustanciales entre ambas experiencias. En cambio, sí las acercó el desarrollo de un proceso de “desradicalización” ideológica, moderación progresiva de las respectivas culturas políticas, y parcial desactivación de las bases militantes. Todo ello hizo que, una vez llegados al gobierno, tanto el PT como el FA encarnaran sólo una desleída imagen respecto al perfil izquierdista e incluso en parte marxista que había signado sus orígenes y contribuido a sus primeros éxitos.

Si comparamos el componente de “radicalidad” de estos dos tipos de experiencias, aparece más que clara la diferencia cualitativa existente entre unas y otras, que tal vez pueda sintetizarte en tres aspectos, que aparecieron, con diferentes niveles de claridad y centralidad, en Bolivia, Venezuela y Ecuador: 1) La adopción, como consigna propagandística pero también, al menos en parte, como guía programática, de la realización de un proceso de revolución social, definida de diversas maneras, a menudo con un componente de vaguedad importante, pero signada por cambios, así sea parciales, en las relaciones de propiedad agraria, urbana y de los recursos naturales. 2) El propósito, de producir transformaciones en el tipo y calidad del orden político existente, articulados en torno tanto a cambios de la arquitectura institucional del Estado, como en el estímulo a la organización y movilización de masas, con la inclusión de modalidades de “poder popular” orientadas en mayor o menor medida a dotar de mayor amplitud e intensidad al componente de soberanía popular de las democracias “realmente existentes”, en un intento por ampliar su componente directo y semidirecto, sin desechar el preexistente factor representativo. En los tres casos hubo asambleas constituyentes que dieron lugar a modificaciones importantes del ordenamiento político, económico y social..¹ 3) La fijación de un horizonte de superación del capitalismo, siquiera como guía de mediano y largo plazo para el diseño estratégico de los cambios emprendidos, en puesta en cuestión voluntaria y explícita del marco de “posibilismo” dentro del capitalismo y la democracia representativa que adquirió franco predominio tras el derrumbe de la URSS, y guió las llamadas “transiciones a la democracia” de todos los países sudamericanos.²

Esos tres componentes han estado ausentes tanto en los gobiernos del PT , como los del Frente Amplio. Ambos ganaron elecciones después de varios intentos fallidos, y lo lograron mediante el aprendizaje de las “lecciones” que les impartieron, sin prisa ni pausa, los poderes económicos, sociales y culturales de sus respectivos países, que los llevaron a adoptar ciertas prácticas de partidos “atrapatodo”, con la necesaria atenuación de su inicial vínculo privilegiado con los trabajadores y sectores populares, la adopción de formas discursivas en las que los componentes disruptivos tuvieron un peso cada vez menor, la ejercitación de las prácticas de la “encuestología” y el marketing político no como referencias auxiliares sino en carácter de verdaderas “guías para la acción”, amén de políticas de alianzas que los llevaron a articularse en coaliciones más amplias, expandidas casi exclusivamente hacia la derecha del espectro político.. El resultado fueron gobiernos que generaron algunos avances en políticas sociales (en mayor grado en el caso brasileño, con planes como “Bolsa Familia” y “Mi casa, mi vida”, entre otros), pero en lo fundamental mantuvieron intacto el marco generado en décadas anteriores por gobiernos habitualmente caracterizados como “neoliberales”, y no cuestionaron, ni siquiera en el plano discursivo, el sistema capitalista. Incluso, sobre todo en Brasil, los funcionarios a cargo de la política económica estuvieron en gran parte encuadrados en los parámetros de la “ortodoxia”.económica, lo que derivó en las políticas de ajuste fiscal y de reducción de la emisión monetaria que suelen acompañar a ese paradigma.

Hoy algunas de esas experiencias están en un prolongado desgaste, estimulado por contraofensivas encabezadas por variopintas coaliciones de oposición, que tienen el respaldo invariable de grandes centrales empresarias y de los medios de comunicación autodenominados “independientes” El propósito de los agrupamientos de oposición es desplazar del poder a los gobiernos llamados “progresistas”, sea mediante elecciones, cuando visualizan posibilidades de un triunfo electoral en un plazo más o menos breve, o mecanismos menos regulares de desplazamiento, en caso contrario. La lucha por el poder sigue abierta, si bien son innegables los avances de las alianzas que quieren terminar con lo que definen como “populismo”, caracterización que encubre el deseo de volver atrás con toda política que haya favorecido las condiciones de vida y de trabajo de las clases subalternas.

En Brasil se vive un momento álgido de cuestionamiento a la permanencia del Partido de los Trabajadores en el poder, respaldado por un gran empresariado que, no conforme con la acentuación de las políticas de “austeridad” por parte de la presidenta Dilma Roussef, pretende el abandono de los resabios “populistas”, y la imposición de su programa de máxima. Una informal coalición, centrada en el Parlamento, que aúna a las principales fuerzas de oposición con sectores que acaban de abandonar la alianza oficialista, se halla a punto de lograr el inicio de un juicio político a la mandataria, pese al más que dudoso valor de las causa invocada para entablar el juicio, y la nula legitimidad de los hasta ayer aliados del PT, que impulsan todo el proceso y serían los beneficiarios directos del apartamiento de la presidenta Rousseff.³

En la República Bolivariana de Venezuela el conflicto ha sido más agudo y se mantiene, con breves períodos de remisión, desde hace más de una década. Una coyuntura internacional desfavorable y el sabotaje activo de sectores del empresariado, facilitado por la no superación de la dependencia petrolera del país caribeño, han contribuido a a la generación de una aguda crisis económica que, sobre la base de la muy elevada inflación y los problemas crecientes de abastecimiento, sirve de lubricante al hostigamiento permanente del conglomerado opositor hacia el gobierno. Desde 2002 se ha intentado una amplísima gama de instrumentos para terminar con el ciclo “chavista”, hoy la presunta pérdida de popularidad del presidente Nicolás Maduro, y la lejanía de la próxima elección presidencial, lleva a los opositores a poner en marcha un proceso de revocatoria, instituido por la constitución bolivariana, y que ya fuera puesto en práctica, sin éxito, en vida de Hugo Chávez. Queda por verse qué tan profundo es el deterioro del sustento popular al gobierno chavista, y que rol jugarán las organizaciones populares que lo han respaldado hasta ahora.

Tanto en Ecuador como en Bolivia, sin excluir un alto nivel de conflictividad, los gobiernos respectivos no se encuentran, por ahora, bajo una amenaza de desplazamiento o destitución con el carácter agudo existente en los casos venezolano y brasileño. En Bolivia, la flamante derrota del presidente Evo Morales en el referéndum convocado para habilitarle una nueva reelección no implica un riesgo de destitución, pero sí constituye un toque de atención sobre los límites del proceso en cuánto a procurarse una opción sucesoria menos dependiente del liderazgo personalizado e insustituible.

En lo que respecta a Uruguay, único caso de sucesión entre presidentes de la misma orientación, sin que medien circunstancias dramáticas ni situaciones de alta conflictividad, todo parece encauzarse en los límites de la “normalidad”, tanto económica como institucional. Los gobiernos del Frente Amplio se remiten a la administración de lo existente, sin provocarle mayores sobresaltos al poder económico ni a las fuerzas políticas opositoras y con total disposición a mantener la participación popular en los límites de la apatía política, con la retribución de no sufrir acciones hostiles de la magnitud de las que enfrentan otros gobiernos.

El caso argentino, sobre el que nos ocuparemos a continuación, es el único donde el ciclo “progresista” ya ha tenido que abandonar el gobierno, por vía de elecciones libres convocadas en el tiempo previsto, con elevada participación, e incuestionada “limpieza” de los procedimientos electorales. La ausencia de traumas institucionales en la transición no equivale a que el cambio de orientación respecto del gobierno anterior sea una alteración de escasa relevancia. Autopercibida como “nacional y popular”, descalificada como “populista” y en ocasiones hasta como “chavista”, aunque cuidadosamente ajena a cualquier retórica “anticapitalista”, la gestión de los gobiernos Kirchner ha tenido que dar lugar a un gobierno de signo conservador, que una mirada benévola puede caracterizar como una “derecha moderna”, respetuosa del régimen constitucional, que emplaza a las políticas más gratas al gran capital, en un lugar al que en otras épocas sólo habían llegado por vía de fraude electoral, golpes de estado o de la ferviente conversión de un gobierno de signo “populista”, tornado en entusiasta gestor de la línea programática de las grandes empresas y el poder financiero internacional durante las dos presidencias de Carlos Menem. Las primeras acciones del gobierno de la Alianza Cambiemos con la presidencia de Mauricio Macri, son percibidas, por partidarios y adversarios, como una drástica reversión de la gestión de los gobiernos Kirchner. Queda por verse si el viraje conservador en curso en Argentina es el primero de una serie, consolidando el cierre de todo un ciclo. Los indicios manifestados hasta ahora, parecen indicar altas probabilidades de que así sea.

 

Argentina 2003-2015. Algunos apuntes.

El proceso argentino de 2001-2015 presenta particularidades que lo distinguen con claridad de los dos “tipos” esbozados más arriba, Venezuela, Bolivia y Ecuador por un lado, Brasil y Uruguay por el otro, que incluso podrían hacer razonable el considerarlo un caso “intermedio” entre ambos.

Sí estuvo presente en el país la modalidad más “fuerte” de la crisis, con catastróficos niveles de desocupación, pobreza y deterioro de las políticas sociales y servicios públicos, y un auge del nivel de organización y movilización popular, en gran medida como respuesta al franco ataque llevado adelante por el gran capital y un Estado más que estrechamente subordinado a sus intereses. En el transcurso de esas respuestas populares se dio, a la par que su intensificación, el surgimiento de formas parcial o totalmente novedosas de acción y organización. La conformación de un movimiento de desocupados de una amplitud y visibilidad pocas veces vista a nivel mundial.⁴ fue la primera en orden cronológico, hizo eclosión en los últimos años 90, con el “corte” de calles, rutas y puentes como forma privilegiada de acción pública. Los llamados “piqueteros” formaron parte principal de un movimiento de protesta que articuló con las organizaciones sindicales, cuya participación en estas luchas suele ser subestimada o incluso semiolvidada, pese a que, entre otras cosas, realizó seis paros generales durante 2000 y 2001, el último el 13/12, en las vísperas de la rebelión popular,⁵ y con un vasto conjunto de organizaciones de base territorial, incluidas muchas con predominio de las capas medias, a menudo con objetivos específicos y sectoriales, y otras veces animadas por el propósito general de enfrentar una situación percibida cada vez más como intolerable.

El interinato presidencial de Eduardo Duhalde, entre enero de 2002 y mayo de 2003 logró restablecer la autoridad presidencial y darle una salida electoral al proceso, pese a todos sus tropiezos. Cuando los comicios se hicieron realidad, más del cuarenta por ciento de los sufragios se distribuyeron entre candidaturas probadamente conservadoras como la del expresidente Menem y la de Ricardo López Murphy, que fuera destacado ministro del desplazado gobierno anterior, y los partidos de izquierda permanenecieron en condición muy minoritaria. El triunfo final, por retiro de Menem para la segunda vuelta de un postulante, como Néstor Kirchner, que tenía entre sus divisas la de conseguir “un país normal”, y no esbozaba en su campaña más transformaciones que las que encarnaban algo así como un tímido regreso a las políticas que el peronismo había propiciado antes de 1989. El cuadro de conjunto que proporcionaban esos resultados, era el de condiciones crecientes para una “normalización” que dejara incólume todo lo sustancial de las relaciones de poder y de la estructura social abiertamente cuestionadas, así fuera de un modo confuso,

La presidencia Kirchner encaró de modo resuelto esa vuelta a la “normalidad”, pero con la inteligencia, asentada en una fuerte voluntad política, de incorporar a su acción de gobierno algún nivel de satisfacción de las reivindicaciones y demandas que habían estado en el ambiente en el período inmediato anterior. El abandono de la “cruzada” privatizadora, desreguladora y de flexibilización laboral vigente entre 1989 y 2001, sin ser totalmente revertidos sus efectos, dio lugar a un propósito de “mayor presencia del Estado” en el ámbito económico y también en el laboral, esto último mediante el resurgimiento de las convenciones colectivas de trabajo, reducidas al mínimo por más de una década.

A lo largo de los 12 años de gobierno del kirchnerismo, y en particular despúes de 2008, también se fueron sucediendo estatizaciones de algunas de las empresas e instituciones privatizadas por las gestiones anteriores. La mayoría de ellas quedaron en manos de capitalistas privados, pero la vuelta a manos estatales del sistema jubilatorio y de Aerolíneas, sumado a la conversión de YPF en una peculiar empresa mixta, tuvieron una significación económica y sobre todo simbólica.

Esto fue acompañado por el propósito de retomar los juicios a los militares represores de la última dictadura, una cierta “limpieza” del poder judicial, que había sido un foco importante de los cuestionamientos de la etapa anterior.

También jugó un papel la aprobación de normativas con reivindicaciones de las llamadas “minorías”, como el matrimonio igualitario y la identidad de género, aunque no hubo avances en otros campos similares, como la legalización del aborto.

Asimismo merece mención la ley de medios, que recogió, después de un proceso deliberativo, los proyectos de una coalición de medios alternativos, que venía de una larga brega a favor de una legislación de ese tipo.

El gobierno de Néstor Kirchner, a partir de 2003, no se basó en las construcciones alternativas surgidas en los años inmediatos anteriores. Su relación con las pujantes organizaciones populares se orientó más bien a la cooptación, en particular de las que se identificaban con el peronismo, o sin hacerlo, profesaban ideas y modos de acción de raigambre nacional popular.⁶ Estas organizaciones conservarían su existencia y un margen acotado de autonomía operativa, a cambio de un apoyo explícito y continuado a las políticas del gobierno.

Para las restantes, en general vinculadas a partidos de raigambre marxista o bien identificadas con posiciones de izquierda autonomista o “independiente”, se optó por mantener una relación más bien distante, pero compatible con la permanencia del otorgamiento de “cuotas” de subsidios y planes sociales, y con la supuesta abstención por parte del poder político del recurso a la represión abierta, renuncia destinada a coexistir en la práctica con el abundante uso de recursos judiciales y administrativos contra militantes y activistas, y con episodios de represión localizada, en general efectuados por gobiernos provinciales. El resultado buscado era la pérdida de fuerza y presencia callejera de esos movimientos, sin emplearse a fondo en tentativas de alcanzar su completa neutralización.

Otras creaciones populares, como las empresas recuperadas y en especial las asambleas populares, ya habían visto sensiblemente menguada su “visibilidad” y capacidad de acción antes de la asunción del presidente Kirchner, y el gobierno tendió más bien a no prestarles mayor atención, limitándose a un apoyo selectivo y no muy caudaloso, pero sin emprender acciones de hostigamiento más o menos abierto.

El influjo de la propuesta de Néstor Kirchner incluyó a los llamados movimientos piqueteros, algunos de los cuales apostaron a modalidades de articulación política diferente a las organizaciones partidarias, lo que no sólo incluía a las fuerzas políticas burguesas, sino a las expresiones más o menos tradicionales de la izquierda. La apertura de un proceso reformista, para muchos inesperado, que abarcó la expansión del empleo y un mejoramiento de las condiciones económicas de las clases populares, al menos en la comparación con los catastróficos indicadores anteriores a 2003, produjo la cooptación de parte de los movimientos de desocupados y territoriales, que decidieron apoyar al gobierno, y la pérdida de fuerza y a veces dispersión de los que escogieron mantener distancia respecto al kirchnerismo, tanto en la izquierda tradicional como en los de perspectiva más autonomista. Asimismo, la insinuaciónde una alianza entre sectores marginados y capas medias, en su momento expresada en la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, se fue diluyendo hasta dar lugar a una creciente hostilidad de los sectores medios, e incluso de una porción importante de los trabajadores asalariados, con respecto a los que eran visualizados como perceptores de planes sociales, alejados del trabajo genuino por voluntad propia, que en todo caso entretenían sus ocios en actividades militantes que tampoco se visualizaban de modo muy positivo.

La plataforma para la candidatura presidencial en 2003, el Frente para la Victoria, estaba claramente articulada en torno al tradicional Partido Justicialista, que hubo de mantener a todo lo largo del período sus rasgos de siempre, en primer lugar los de signo conservador e incluso regresivo. Así se pueden observar el sesgo paternalista de sus modos de construcción de consenso interno y externo, la concepción verticalista de la conducción, con las organizaciones y militancia de base casi reducida al rol del apoyo acrítico a las orientaciones de la dirigencia, en cuánto a movilizarse o mantenerse en la pasividad, y a actuar como masa de maniobras electoral al servicio de una trama de poderes locales a menudo signados por la corrupción y la violencia. Esos poderes adoptaron un sedicente pragmatismo, con desprecio de casi cualquier objetivo que no esté orientado por una política de obtención y mantenimiento del poder. En línea similar juega la alianza estrecha y de influencia mutua con una dirigencia sindical cada vez más corrupta y propatronal, habituada a la manipulación y hasta a la coerción directa sobre sus “representados”. Todas esas características pervivieron e incluso se expandieron bajo los gobiernos kirchneristas.

Estaba claro lo que el PJ podía ofrecerle a los trabajadores y demás clases subalternas, evidencia que se reforzaba con el más somero repaso de la trayectoria de ese partido, cuyo antecedente más cercano era una década completa de gobierno dedicada a una feroz ofensiva contra todo tipo de derechos y conquistas de las clases populares, junto con el desmantelamiento, llevado a grados extremos, de todo el aparato de políticas keynesianas y actividad empresaria estatal que, en lo fundamental, había sido formado por el primer peronismo, y mantenido, con relativo entusiasmo o a regañadientes, por sus sucesores de 1955 en adelante.⁷ Y remontándose a la década de 1970, se encontraba el precedente de un justicialismo encabezando a un gobierno que prohijó tanto el desencadenamiento inicial del terrorismo de Estado, como la fase “experimental” de las políticas neoliberales cuyo predominio se tornaría perdurable a partir de marzo de 1976.

La actuación del PJ en la antesala de los gobiernos kirchneristas, el interinato 2001-2003, había apuntado a una incipiente estabilización económica y política que no vaciló en recurrir al asesinato de militantes cuando procuraba disminuir el nivel de protesta social.

El PJ, artefacto surcado por matices siniestros, cuyos pujos de canalizador de las reivindicaciones y energías populares llevaba tres décadas de relegamiento a un papel secundario cuando no marginal, fue erigido desde el gobierno, a partir de mayo de 2003, sino como el impulsor, al menos como el sustrato organizativo y político-electoral fundamental, de un proceso político que, en grado creciente, se autopercibía como portador de reivindicaciones nacionales y populares, hasta con ribetes de “liberación nacional y social,” y consiguió así un vasto consenso social que tendía a legitimarlo en tal papel. Por añadidura, ese papel del justicialismo, aceptado con cierta reluctancia durante el período presidencial de Néstor Kirchner, fue más abiertamente promovido a partir de 2007, incluida la asunción por ese mandatario de la presidencia del partido.⁸

Los anuncios e intentos de constituir una “transversalidad”, alianza amplia que superara al PJ, no fueron llevados adelante de modo consecuente y su resultado se limitó a la incorporación de algunos aliados externos no siempre duraderos⁹. Incluso en las elecciones de 2007 se desplegó una propuesta aliancista de signo distinto, ya que a diferencia de la idea “transversal” no incluía a movimientos populares ni expresiones que, con mayor o menor voluntad, podían situarse a la izquierda del peronismo, sino una “concertación” que incorporaba a la mayoría de las estructuras partidarias de la UCR en las provincias donde ese partido ocupaba la gobernación. La llamada “Concertación Plural” tuvo una corta vida, la deserción del vicepresidente de origen radical Julio Cobos cuando la votación del proyecto de ley sobre las retenciones agropecuarias, le puso fin, más allá del apoyo de algunos gobernadores que la integraron, y a los efectos prácticos quedaron subsumidos en el FPV.

En paralelo con esa entronización del aparato peronista tradicional, se formaron agrupaciones, sobre todo juveniles, que, en mayor o menor grado, escapaban a la influencia de las estructuras preexistentes, para reportar de modo directo a Kirchner y, después de su fallecimiento, a su sucesora. Algunas de esas agrupaciones como “La Cámpora”, alcanzaron un vasto poder de afiliación y movilización, e incluso fueron presentados como exponentes de una “revalorización de la política” y evidencia de un activismo juvenil que, supuestamente, no había existido desde los años 70. En el caso de “La Cámpora”, la organización fue en gran medida una iniciativa desde el Estado, y la asunción de su jefatura por el hijo del matrimonio Kirchner, Máximo, no dejó duda de su total alineamiento con las directivas presidenciales. Sus militantes se afiliaron al justicialismo, con la idea de “pelear desde adentro”. Una agrupación de este tipo no tuvo, no podía tener, una perspectiva que rebasara los límites del “capitalismo serio”, o con más pretensiones de rigor, “crecimiento con inclusión y matriz económica diversificada”, que fue erigido como horizonte, en el plano económico y social por los gobiernos Kirchner. En el campo del régimen político, no existía la menor pretensión de superar los límites de la democracia representativa, con el agregado de la aceptación de liderazgos personalizados e indiscutibles, asentados sobre lazos de familia. Estas ausencias se expresaron también en la falta de convocatoria a una asamblea constituyente, muestra por omisión de la comodidad con la que el kirchnerismo se movía dentro de las modalidades más limitadas de la democracia. Respecto a ideas como la de “poder popular”, tan presente en otras latitudes, no ocupó ningún lugar práctico importante, sólo se apelaba a un “empoderamiento” de perfiles poco definidos. Con esas premisas, el renovado predominio del PJ constituía una negación práctica de las tendencias disruptivas emergidas en la etapa en torno a 2001, y su presunta continuidad con la militancia de los 70, se volvía más que dudosa, con más valor propagandístico que asiento en la realidad.

Otras organizaciones surgidas o tornadas masivas por la misma época respondieron a parámetros similares, bien desde su creación, o como resultado de una adaptación bastante veloz. Sirva como ejemplo de esto último el caso de “Nuevo Encuentro”, que tras un lapso puesto bajo el signo de la autonomía, el “apoyo crítico” y la búsqueda de opciones electorales propias, sobre todo en el plano local, derivó en un disciplinamiento completo, sin excluir la proclamación de la jefatura indiscutida de Cristina Fernández de Kirchner. Si bien existen núcleos con prácticas más autónomas, como el “Movimiento Evita”, no prescinden de la actuación dentro del PJ, y no han cultivado modalidades de organización y liderazgo que superen las predominantes en el campo kirchnerista, de las que nos ocupamos más arriba.¹⁰

Lo antedicho no implica negar la presencia, en La Cámpora y otras organizaciones, de una nutrida y entusiasta militancia juvenil, que no se reduce a una disciplinada respuesta al patrocinio estatal, que por cierto ha sido generoso. Tienen una elevada capacidad de movilización callejera, que logra convocar a decenas de miles de manifestantes cada vez que se lo propone seriamente. Pero no debería existir confusión entre estas características y la conformación de una auténtica alternativa política, con cuestionamientos profundos al poder económico, social, político y cultural , y capacidad de construcción de formas de organización y decisión radicalmente diferentes a las hegemonicas. En ese aspecto La Cámpora ha sido una punta de lanza a a favor de la concepción más verticalista de la construcción política, con el líder único como instancia última e inapelable en la toma de toda decisión importante, y hasta de algunas que no lo son.

 

Hoy Argentina atraviesa una “novedad” en materia política, que es la llegada al gobierno, por la vía del sufragio, de una coalición que no oculta su identificación con los grandes empresarios, y sus posiciones conservadoras o elitistas en variados campos, incluidas la salud y la educación. La historia de la Argentina a lo largo de más de un siglo, marcaba la experiencia de que los partidos o alianzas que reflejaban de modo ostensible los intereses del núcleo de las clases dominantes nunca habían logrado el triunfo en elecciones con elevada participación y respeto a los resultados genuinos. Las vías de acceso al gobierno para la “derecha” eran entonces el fraude electoral, que quedó clausurado de hecho después de 1945, y los golpes de estado cívico-militares, repetidos una y otra vez, pero de muy problemática factibilidad luego del completo descalabro de la última dictadura, después de una escalada del terrorismo de Estado inédita en nuestra historia. El camino electoral quedó abierto y se fue consolidando, pero los partidos “proempresa” continuaron en posición minoritaria, como fue el caso de la Unión del Centro Democrático y de Acción por la República. Fue la ya mencionada “hipoteca” del peronismo a los dictados del gran capital local e internacional, la que permitió una década, entre 1989 y 1999, de realización del programa de máxima del gran capital, desde las privatizaciones a la “desregulación” de las más variadas actividades, pasando por la carga frontal contra las condiciones de vida y trabajo de los asalariados.

En cambio, a partir de 2003, y bajo el liderazgo personalizado de Mauricio Macri, se fue conformando una fuerza partidaria¹¹ de orientación conservadora y “moderna” a la vez, con militantes formados en la gran empresa en las ONGs de acentuado perfil burgués, o en expresiones eclesiales o religiosas ajenas a cualquier perspectiva de radicalización, pero también con grupos escindidos de ambos polos del bipartidismo en declive, y hasta por dirigentes de organizaciones de raigambre popular, incluidos algunos movimientos “villeros”.¹² Obtenida por primera vez la jefatura de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2007, el PRO inició una proyección nacional, gradual, con algunos tropiezos pero constante, que desafió con éxito el escepticismo de casi todos sus adversarios, obstinados en motejarlo de “partido municipal”, aún en contra de la evidencia de que empezaba a disputar con éxito la gobernación en provincias importantes, generalmente por medio de “famosos” de diferente procedencia. La obstinada creencia de que la imposibilidad de que “la derecha” ganara en elecciones limpias era absoluta e inmodificable, conllevó la subestimación sistemática del crecimiento del partido liderado por Macri. Incluso ante la conformación de una herramienta electoral cuyo alcance nacional era indudable, el empeño por negar sus posibilidades de triunfo de cara a una elección nacional siguió adelante. Consumado el triunfo en los comicios y la asunción de la presidencia por Mauricio Macri, las organizaciones populares se encuentran con la para muchos inesperada constatación, de que tienen enfrente a un gobierno conformado en buena parte por cuadros de alta gerencia de grandes empresas, que desarrolla una línea de ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población y una predisposición a adoptar de lleno las demandas empresariales locales e internacionales que muchos pensaban que habían quedado para siempre en el pasado, como un rasgo distintivo e irrepetible de la década de los 90. La suposición, bastante extendida de que los gobiernos K no sólo habían generado gigantescas transformaciones, sino que estas eran muy difíciles de revertir, comenzó a derrumbarse de modo acelerado.

Tal vez valga la pena una brevísima reseña acerca de las condiciones que dieron lugar al novedoso ascenso al gobierno nacional del PRO.

El kirchnerismo, sobre todo a partir de 2008, y con una persistente labor de los medios de comunicación al respecto, pasó a ser considerado un “populismo” con rasgos incluso “izquierdistas”, que generaba un deterioro de las instituciones y, sobre todo en los últimos años, un estancamiento económico, acompañado por una corrupción de raíz demagógica. Era un tipo de cuestionamiento a los gobiernos de los Kirchner, de orientación explícita o implícitamente conservadora, entre cuyas preocupaciones no se encontraba la persistencia de la precarización laboral, las concesiones amplias y múltiples hechas a ramas empresarias como la megaminería, la explotación petrolera, el “complejo sojero” e incluso los bancos, o la permanencia de facetas represivas bajo gobiernos que blasonaban de su renuncia al recurso de la represión de la protesta social. La “visibilidad” escasa, en el plano electoral de los partidos de izquierda, y el progresivo giro conservador de casi todos los que al comienzo del período se postulaban como “progresistas” o “centroizquierda”, contribuyeron a instalar la creencia generalizada de que un reemplazo a las políticas kirchneristas sólo podía efectuarse mediante opciones “moderadas”, propensas a la versión del “diálogo” y el “consenso” que predican los grandes empresarios y sus ámbitos afines, y al establecimiento de “políticas de estado”. Traducido a un lenguaje algo más riguroso, es una opción que apenas encubre el propósito de acatar los propósitos del gran capital en todos los temas importantes. Así el debate político percibido por el gran público, con la sola salvedad de los sectores militantes o al menos muy politizados, se fue reduciendo al que se daba entre el kirchnerismo y los sectores que lo cuestionaban desde ángulos en que prevalecía el conservadurismo, sea en clave de “republicanismo” institucional completado por liberalismo económico, sea desde un peronismo cuyo filo crítico decanta hacia una corrección hacia la derecha de los ejes económicos y políticos del kirchnerismo. Frente a las elecciones presidenciales de 2015, estas tendencias se canalizaron a través

más conservador de los candidatos posibles, Daniel Scioli, cuyas ideas económicas y políticas, su origen social, y su configuración cultural, remitían a una estrecha cercanía con las posiciones de las dos coaliciones que se le enfrentaban en la coyuntura electoral.

El arribo a la primera vuelta de los comicios presidenciales de 2015 con Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa como únicas opciones con posibilidades, expresó con suma claridad no sólo la ausencia de alternativas reales, sino la lejanía de la inmensa mayoría de la población respecto del planteo mismo de la necesidad de propuestas, si no revolucionarias y anticapitalistas, al menos con alguna vocación de “ampliar los límites de lo posible”. Prueba de ello es que más del 90% de los votantes lo hicieron por alguno de esos tres candidatos.¹³, y del resto apenas el 3,2% votó por la única candidatura “antisistémica” que llegó a esa instancia, la de Nicolás del Caño por el FIT.¹⁴ El PRO, como eje vertebrador de la alianza que terminó de ampliar sus horizontes, y con una cohorte de “ricos y famosos” provenientes del espectáculo y el periodismo como candidatos, llegó al proceso electoral con buenas perspectivas de éxito. Una difusa promesa de cambio acompañada por la atenuación de sus aristas más claramente antipopulares y la manifestación del propósito de dejar en pie políticas como la Asignación Universal por Hijo, la ampliación de los beneficios jubilatorios, y las estatizaciones más importantes, lo ayudaron a imponerse en la segunda vuelta sobre su competidor oficialista, en unos comicios acompañados por un clima político e ideológico en el que el punto de discusión parecía reducirse al de la forma más adecuada y eficaz de imprimir un giro conservador a las políticas en curso entre 2003 y 2015.

 

Las aspiraciones alternativas.

El Frente de Izquierda y losTrabajadores (FIT), conformado en 2011, se afirmó desde entonces como la prinicipal fuerza de izquierda, en el plano electoral, y en el de las luchas sociales.Alianza de tres partidos de orientación trotskista presenta limitaciones importantes, no sencillas de superar que, como afirma Claudio Katz, le permiten consolidarse como ámbito de resistencia, pero no ofrecer alternativas de poder.¹⁵

Su presencia en las luchas obreras y populares es importante y de signo combativo, ha tenido capacidad de crecimiento electoral, ayudado por la introducción de prácticas innovadoras respecto a las tradicionales en ese sector de la izquierda. Recambio generacional, mayor empatía de los dirigentes y candidatos con sectores que exceden los “nichos” tradicionales del voto de izquierda, lenguaje menos dogmático y modalidades proagandísticas actualizadas y con novedades importantes, reforzaron su incidencia tanto en el plano de las luchas sociales como del plano político-institucional.

Estos rasgos se verifican sobre todo en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). La existencia de un diario y de emisiones televisivas on line, la visibilidad de dirigentes jóvenes, capaces de amalgamar la oposición firme a las políticas predominantes con tono “amigable” para un destinatario ajeno a la tradición de izquierda e incluso poco politizado, la preocupación por tener presencia en el campo intelectual, incluida una labor editorial que, en lugar de aunar la producción prolífica a “precios populares” con los desniveles de calidad y cierta desprolijidad formal, privilegia un trabajo riguroso sobre los textos, la incorporación de escritos inéditos en español, y un notable cuidado de sus ediciones, son todos aspectos que facilitan la llegada y repercusión entre un público más amplio.

Una contribución más indirecta, pero gravitante, al crecimiento de la influencia del FIT, lo da la reiterada comprobación de que las expresiones que desde la oposición al kirchnerismo intentaron sustentar posiciones de “centroizquierda”, terminaron deslizándose con celeridad, hacia la conciliación ideológica y las alianzas oportunistas con sectores en tránsito desde un “progresismo” de raíz liberal a un liberalismo a secas que concluyeron por incorporarse a la coalición liderada por las fuerzas emergentes de la derecha, o quedarse con un perfil desleído, lindante con el apoyo “crítico” al presidente Mauricio Macri. A grandes rasgos esa fue la trayectoria del Partido Socialista, de Libres del Sur, y Proyecto Sur, que supiern cosechar éxitos electorales localizados, para luego buscar alianzas hacia la derecha en procura de ampliar su influencia, al precio de desdibujarse y perder cualquier credibilidad como alternativa.

Las restricciones en campo de acción del FIT son varias. La primera, una visión de la política aún centrada en el paradigma de la Revolución Rusa en sus primeros años, hasta el comienzo de la entronización de Stalin. La propia referencia en el “trotskismo” perdió fuerza y sentido después de la disolución de la URSS. Una identidad política construida desde la oposición y crítica a la burocracia soviética y a la idea del “socialismo en un solo país”, ya no tiene al oponente que le daba razón de ser, pese a lo cual, lejos de buscar una identidad diferente, se debate de modo incansable e impiadoso, aún al interior del FIT, acerca de quienes son los más genuinos seguidores de Trotsky, acusando siempre a las otras agrupaciones de traicionar su legado, y por extensión, de claudicar ante la burguesía.¹⁶ Con el campo marcado por el predominio kirchnerista, se compite acerca de quien produce las críticas más demoledoras, mientras se acusa al resto de tener contemplaciones excesivas con el “populismo”, cuando no de ser directamente “filo” o “neo” kirchneristas, como hace el Partido Obrero respecto del PTS. Otra gran limitación es la no asunción de la necesidad de desarrollar una política de alianzas que proyecte al Frente más allá del trotskismo, y el consiguiente aislamiento dentro de una expresión que ha crecido, pero sigue siendo muy minoritaria. El ya mencionado Katz señala también la carencia de un proyecto de poder, de una estrategia para llegar al gobierno que aporte mayores precisiones que la invocación genérica, a un siglo de distancia, de la experiencia bolchevique.¹⁷

 

Desde fines de los años 90 aparecieron agrupaciones que unían su no alineamiento partidario con una perspectiva de superación no sólo de la izquierda tradicional, sino de la proveniente de los años 60-70, que en algunos casos llegaron a identificarse con la idea de una nueva “nueva izquierda”, o poniendo el acento en la distancia respecto a las organizaciones partidarias, se autodenominan “izquierda independiente”. Se manifestaban en distanciamiento crítico tanto de la idea de la clase obrera como “sujeto de la revolución”, como de la matriz organizativa de tipo “leninista”. Las reemplazaban por la noción de un “sujeto plural” y una perspectiva organizativa más horizontal, sin pretensiones vanguardistas, y con la búsqueda de ser radicalmente diferente de todo lo que puede englobarse como “política tradicional”. A ello le sumaban un esfuerzo por construir una perspectiva de transformación global de la sociedad, que no se detuviera en el plano económico y político, con la impugnación genérica del imperialismo y el capitalismo, que de todas maneras asumían como central, sino que abarcara incluso la vida privada, con la adopción de la lucha contra el patriarcado, y también le asignara un un sitio importante a la llamada “defensa de los bienes comunes”. No quedaron exentas de que algunos núcleos fueran cooptados por el kirchnerismo, y que otros se dispersaran o disolvieran. .Algunas de esas agrupaciones se articularon, en 2004, en el “Frente Popular Darío Santillán”, con predominio de organizaciones “piqueteras”, en particular movimientos de trabajadores desocupados del sur del GBA, que no excluyó la participación de agrupamientos muy diversos, desde estudiantiles a campesinos y sindicales. Consiguieron una cierta visibilidad, asentada en su capacidad de organización y movilización, pero el debate en torno a la articulación política comenzó a dividir aguas a poco andar. Hoy existe un partido político que surgió en parte de sectores del FPDS, denominado Patria Grande, y otras fracciones que no ingresaron en esa fuerza y procuran seguir afianzándose en el terreno social y cultural, y manteniendo una distancia prudencial con la opción por la disputa electoral y la actuación en el terreno parlamentario. De todas formas han visto disminuir su activo militante y su visibilidad pública, amén de no haber logrado expandir su implantación territorial más allá de los puntos iniciales y no constituyen hoy una fuerza que pueda pensarse como eje de una perspectiva transformadora.

Si bien, como procuramos reseñar más arriba, Argentina atravesó por un momento de crisis integral, que produjo una protesta social generalizada que llegó a insinuar cuestionamientos radicales, si no al sistema social al menos al régimen político y en particular a su dirigencia, esto no cristalizó en la conformación de una alternativa política, a pesar de que entre fines de los 90 y 2003 aparecieron o se consolidaron un amplio conjunto de organizaciones populares. El repudio a la dirigencia expresado en la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, generalizada en 2001-2002, no arribó a formulaciones por la positiva. Distaba de estar claro cómo reemplazar a esa dirigencia, qué cambios económicos, sociales y culturales eran requisito para que el desplazamiento de dirigentes diera lugar a una verdadera transformación. Las organizaciones que tenían aspiraciones más o menos autonomistas y se oponían a la “forma partido”, no sólo no tenían coincidencias con las expresiones de la izquierda tradicional, sino que aspiraban a su extinción o reducción a la marginalidad, lo que era correspondido por los partidos de izquierda con una actitud de desprecio, basada en la inconmovible convicción de que el partido de pertenencia, y solo éste, era el camino excluyente para encauzar el proceso hacia lo que suele llamarse “salida revolucionaria”.

Si se sale del terreno de la específica lucha política para dar una mirada a los movimientos sociales, el panorama sigue signado por la escasa fuerza y la limitada influencia de las organizaciones de izquierda.

En el campo sindical, las agrupaciones decididamente combativas y clasistas son minoría en casi la totalidad de los gremios de cierta envergadura y hay grandes sindicatos en los que no tienen ninguna o sólo ínfima presencia, como en los casos de Empleados de Comercio y Camioneros. La mayor presencia de agrupaciones de izquierda se da al calor de situaciones agudas de conflicto, que con frecuencia llegan a conducir, pero escasas veces dejan un saldo organizativo estable que se extienda más allá de la dirección de la comisión interna de la empresa respectiva. Han llegado a ocupar la dirección en entidades sindicales pequeñas o apenas medianas, como las que nuclean a los trabajadores del subte, Ademys, un sindicato docente minoritario, algunas seccionales del sindicato de la industria del aceite y de la de ladrillos cerámicos, muy recientemente el SUTNA, que nuclea a los trabajadores de la industria del neumático. Alcanzar el predominio en el núcleo de agrupaciones gremiales que cuentan a sus afiliados por centenares de miles, parece todavía una perspectiva algo lejana.

En cuanto a la CTA, creada en los primeros años 90, con la bandera del combate a las políticas neoliberales, enraizada en la renovada tradición de democratización sindical, rechazo a las prácticas corruptas y propatronales y ampliación de la representación gremial a sectores más amplios que los amparados desde siempre por el movimiento obrero, ha quedado un tanto desleída por las crecientes pujas internas, que derivaron en la partición de la central en 2010, que por ahora no parece reversible. A ello se sumaron apuestas político-electorales poco felices, y la agudización de las luchas interiores en el sector de la central que se mantuvo en oposición al universo K.

En otros ámbitos, como el movimiento estudiantil y los movimientos territoriales y de diversas formas de la llamada “economía popular”, sin ser mayoritaria la izquierda mantiene una presencia mayor y más sólida. Pero la dispersión es muy elevada. Los diferentes partidos suelen “tener” sus propias organizaciones, a las que dirigen, con sus militantes en el “centro” y el resto en un rol periférico, y no logran, o no buscan, formas de articulación y reagrupamiento que provea permeabilidad a las fronteras partidarias. Una experiencia de unidad entre algunos de esos espacios y otros “autónomos”, el Bloque Piquetero Nacional, perduró algunos años de conflictiva existencia, tras los que terminó en ruptura, sin lugar para nuevos reagrupamientos. Por otra parte, y como fenómeno más amplio, la asumida identidad “piquetera” perdió fuerza y presencia, entre otras razones porque la asunción de parte de esos colectivos como nucleamientos de “trabajadores desocupados” en la medida en que si bien los índices de precariedad siguieron altos, la creación de nuevos puestos de trabajo que comenzó con la salida del “pozo” de desempleo que provenía de los últimos noventa, que comenzó no mucho después de diciembre de 2001 y se prolongó por algunos años, redujo el universo de desocupación “abierta”, poniendo en entredicho las referencias principales.

 

A modo de conclusión. Las perspectivas frente a una ausencia.

Las condiciones existentes no alcanzan para modificar el cuadro en el que una amplia mayoría de la población y de las propias organizaciones populares están disciplinadas en los hechos a dirigencias con orientaciones que, en el mejor de los casos, expresan un tibio reformismo, y cuyas prácticas de conducción y su cultura política están dominadas por la conducción verticalista, concentrada en las cúpulas, prácticas burocráticas, corrupción generalizada, y las formás más acentuadas del cllientelismo y la manipulación.

La idea de creación de una fuerza social y política portadora de una impugnación radical de los parámetros de la sociedad actual, capaz de alcanzar una repercusión de masas, requiere hoy de una mirada refundacional. Ninguna de las organizaciones existentes tienen posibilidades reales de romper con su condición minoritaria, y esto no se resuelve con un planteo simplista de “unidad”, basado en la creencia en la formación de una coalición que aúne a todas o la mayoría de esas fuerzas. Las corrientes de izquierda realmente existentes no tienen coincidencias para converger en un programa, ni para acordar un mecanismo de toma de decisiones, y en buena parte provienen de culturas políticas reacias a desarrollar políticas de alianzas, con una autopercepción que los erige en “vanguardia”, en cuyo crecimiento e influencia se cifra el destino de una revolución social de contornos poco definidos.

Si bien la dispersión es un problema serio, la falta de un planteo concreto de transformación social y la escasa vocación por modificar convicciones teóricas y culturas políticas sostenidas durante un lapso prolongado sin apenas revisión, es un obstáculo aún mayor, y de raíces más profundas, y por lo tanto con mayores dificultades para ser despejado.

La refundación a la que nos referimos en el párrafo anterior debería apuntar nos parece, a la creación de algún tipo de articulación no centrada en, y menos dirigida con exclusividad, a la conformación de una coalición electoral.

Es requisito la construcción conjunta de un proyecto de transformación social radical, que puede tomar ejemplo parcial en las recientes experiencias sudamericanas, en particular de las tres más proclives a adoptar una perspectiva revolucionaria. Hablar de un proyecto de transformación radical de la sociedad no implica solamente la fijación de un programa de cambios en las relaciones de propiedad de los medios de producción, con su correlato de estatizaciones, reforma agraria, acompañado por la propuesta de políticas sociales que suelen llamarse “inclusivas”, tomadas no como fin en sí mismo, sino como transición, con un sentido de justicia social, a un orden ya alejado del capitalismo e incluso del predominio de la explotación del hombre por el hombre. Lo anterior es no ya necesario sino indispensable, pero no resulta suficiente. Una de las deficiencias fundamentales de las experiencias de izquierda, a todo lo largo del siglo XX, ha sido la incapacidad para generar mecanismos decisorios que partan de abajo hacia arriba, con formas asamblearias y de poder popular, que construyan liderazgos colectivos y perdurables, puestos al servicio de una clara política de emancipación, con la iniciativa popular puesta al frente de la toma de decisiones y de su implementación, sin delegar en instancias burocráticas o falsamente “representativas”. Las enumeradas son tareas pendientes para una tradición política que no supo desarrollarlas cuando se encontró en el ejercicio del poder. Algo similar puede decirse de la asunción de una concepción revolucionaria integral, que no ciña la transformación de las relaciones sociales a un eje economicista, acompañado por una ampliación de las oportunidades educativas y la universalización más o menos efectiva de los derechos sociales fundamentales. Nos parece que, por el contrario, la propuesta transformadora se debe desplegar sobre un amplio arco que va desde el carácter popular efectivo de las decisiones políticas, basado en un debate amplio y “horizontal”, en una clara democratización que abarque a la totalidad de las instancias de dirección, que no se detenga frente a las manifestaciones más elevadas del poder, como son los estados nacionales, y abarque a las más sectoriales y localizadas. No se puede pensar en una democracia de sentido cabal, si en las fábricas, las instancias de la administración pública, los establecimientos educativos, y los demás campos en que se desenvuelve la vida ootidiana, la iniciativa y la conducción de todo el proceso no está en manos de la libre deliberación de las mayorías.

El objetivo que oriente toda la acción sería el cambio profundo de todas las relaciones sociales, bajo un común signo liberador e igualitario. Se necesita luchar contra todas las formas de opresión, sin reducir a todas a la pretendida universalidad de un eje de clase, y sin exceptuar las que anidan en lo más recóndito de la llamada “vida privada”.

La perspectiva final, sin embargo, no es, no puede ser otra que la supresión del capitalismo, y con este de toda sociedad dividida en clases, asentada en la explotación del hombre por el hombre. Allí se halla la continuidad fundamental, por encima de los abrumadores cambios producidos, de una tradición socialista desplegada desde el siglo XIX. Pueden modificarse el sujeto, los métodos, los objetivos tácticos, la comprensión del proceso histórico. Lo invariable es la aspiración a la liberación de la humanidad, y de la sociedad nacional respectiva como contribución a la realización del objetivo último. La aparición y eficacia de una alternativa popular y revolucionaria hoy ausente, depende de devolver legitimiidad y credibilidad a las banderas de siglos de luchas populares enfrentadas al poder de los capitalistas.