Por Laura Taborda
La ley de aborto (seguro, legal y gratuito) es un tema de salud pública.
Jamás escuche a un médico cuestionar el comportamiento de un hipertenso, obeso o diabético tipo 2, que llegó a esa instancia por el abuso de sal, tabaco, vida sedentaria u otras acciones voluntarias y propias. Simplemente se le brinda asistencia, tratamiento y se recomienda un cambio de hábitos, lo demás queda a criterio del paciente, con esto quiero decir que cada persona es dueña de su comportamiento y de elegir.
Existen las consejerías de ILE (interrupción legal del embarazo).Cuando se recurre a ello es para ser escuchada, recibir orientación y ayuda profesional. Se les solicita una ecografía para conocer el tiempo de gestación y la viabilidad del mismo. En algunos casos después de obtener el diagnóstico por imágenes desisten y cambian de opinión. Otras continúan y se lo realizan en su domicilio sin mayores complicaciones.
Se sugiere que post ILE se concurra nuevamente a la consulta para obtener un método anticonceptivo efectivo (DIU,pastillas,inyeccion,implante o ligadura)
La otra realidad es cuando la mujer no encuentra contención en el sistema de salud ni en ningún organismo social y tiene que recurrir al aborto clandestino, realizado en condiciones denigrantes que humillan en todos los sentidos y acarrean consecuencias terribles como septicemias (infección generalizada) en muchos casos mortales o que dejan secuelas físicas permanentes.
Trabajando en un hospital público asistí en muchos casos a legrados post aborto, donde la mujer es asistida la mayoría de las veces en un ámbito hostil y cuestionador. Prevalece en la mujer la culpa y el miedo a ser denunciada, al escarnio público y social.
Opino que como sociedad no podemos seguir negando algo que sucede desde siempre, ignorando las consecuencias sanitarias y sociales. Pretendiendo prohibirlo y juzgando un comportamiento privado sin un mínimo de interés por proteger la vida de las mujeres.
