Por Ulises Oscar Pioli
El pueblo de la provincia de Misiones no es ajeno a la crisis económica de esta etapa. El aumento en el costo de vida para los sectores medios en una provincia que tiene uno de los salarios más bajos del país se ha vuelto insostenible, arrastrando a los trabajadores por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría de ellos dependen directamente del Estado, es por eso que este reclamo ha comenzado con los docentes, se ha extendido a todo el personal de salud y ha sumado al personal policial. Asimismo, esta situación ha motivado la participación de otros sectores como los guardaparques y el personal del sector energético, y va a seguir incorporando a otras entidades de gestión pública a medida que no se solucione el problema de base.
El principal punto aglutinador de estos sectores es el salario, ya que reclaman de manera uniforme un aumento del 100%. Sin embargo, en las dificultosas mesas de diálogo abiertas con el gobierno provincial la oferta máxima ha sido de un 30%. Mientras el gobernador se encuentra ausente, sus voceros trasladan la responsabilidad al ajuste llevado a cabo a nivel nacional, particularmente con el cierre del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID); pero sin criticar abiertamente al gobierno de Javier Milei.
El ascenso de la conflictividad social comenzó con piquetes y asambleas docentes en la Avenida Uruguay, principal acceso a la capital misionera y provocó un gran acampe frente al Comando Radioeléctrico del UR-1 de la ciudad de Posadas sobre la misma avenida. Este bloqueo se ha extendido por casi 2 semanas y es llevado adelante por los familiares del personal policial y por policías retirados. También se tomó el Ministerio de Salud y se sucedieron cortes en las rutas nacionales 12 y 14 a cargo de los docentes del interior de la provincia. Los docentes, por su parte, rechazan el acuerdo del gobierno renovador cerrado con la UDPM y reclaman la falta de instancias de diálogo. El sector universitario realizó una jornada de visibilización de las Universidades Nacionales junto con una marcha de antorchas que se dirigió al acampe de la Av. Uruguay.
El momento de mayor tensión vivido en la capital misionera fue durante la lluvia del 23 de mayo cuando una marcha multitudinaria encabezada por los docentes fue reprimida frente a la legislatura misionera con palos y gases mientras intentaban que los legisladores que sesionaban en su interior hicieran alguna declaración. En el interior del recinto se pudo verificar una vez más el oportunismo opositor y el férreo control político de la Renovación. Esta misma marcha, al no recibir respuesta alguna en la Cámara de Representantes, se dirigió a la casa del gobernador Hugo Passalacqua donde fueron una vez más reprimidos de la misma manera. No fue casualidad que ese día los policías no se plegaron a la marcha, en cambio sus camaradas del Cuerpo de Operaciones Especiales y de la Infantería fueron los encargados de ejecutar la represión. La opulenta casa del exgobernador Carlos Rovira también fue parte del recorrido que han atravesado los docentes en busca de respuestas.
Actualmente y como era de esperar, el personal policial y penitenciario ya arregló con el gobierno provincial y acordó levantar el acampe por un aumento de $15.521, 57 en el básico para la liquidación del mes de junio, lo que representará cerca de un 50 %, y la amnistía de todo proceso derivado de las protestas.). Por su parte, los trabajadores misioneros permanecen en pie de lucha, a través de acampes, asambleas, marchas, actos y ollas populares, como pocas veces visto en una provincia que recuerda sus principales alzamientos populares proviniendo del sector agrario del interior del país. Vuelven los cortes de las rutas nacionales y se suman cortes en rutas provinciales en las localidades de San Vicente, San Ignacio, Mártires, Santa Ana, Montecarlo y Puerto Libertad.
Cabría preguntarse si se trata de un fin de ciclo en la política misionera, dando por terminada las casi 3 décadas de Renovación, comandada por Carlos Rovira. Sin embargo, no sería la primera vez que el Partido Renovador de la Concordia sobrevive a una crisis de estas características negociando por separado con los sectores y cerrando por menos de lo exigido por los trabajadores. Ya que no debemos ignorar la crisis de dirigentes que ocurre a nivel sindical a lo largo de todos los trabajadores, sumado a una polarización entre los propios docentes que ni si quiera se ponen de acuerdo si la responsabilidad recae en el gobierno provincial o nacional, lo que torna la situación aún más compleja.
Lo que sí es seguro es que esto no se trata de una cuestión meramente provincial, es una consecuencia directa de la política económica asumida por el gobierno de Javier Milei, que frenó la obra pública, detuvo las partidas de fondos discrecionales, eliminó el FONID y que junto con otras medidas provocaron la recesión actual, cuya consecuencia inevitable es la caída de la recaudación y la coparticipación. Por eso, el gobierno nacional formó un comité de crisis y ofreció a las fuerzas federales para asistir en la represión, pero de ninguna manera ofreció los fondos necesarios para cubrir las demandas de los trabajadores.
El hecho de que las demás provincias que viven una situación similar a la de Misiones, estén tan atentas a lo que ocurre en esta provincia, es una señal de que el gobierno nacional no está dispuesto a negociar y sentar un precedente que los obligue a cambiar el rumbo. De esta forma se configura un escenario donde lo ocurrido hasta el momento se puede extender rápidamente a nivel nacional y generar las condiciones para una crisis política similar a la de diciembre de 2001.
