Por Gonzalo Ramos
Las leyes son para que las cumplan
los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos
para poner un poco de orden a la explotación.
Los pobres son los únicos cumplidores de leyes
de la historia.
Cuando los pobres hagan las leyes
ya no habrá ricos.
Roque Dalton en Las historias prohibidas de Pulgarcito
Presos hay de todos los gustos, baste mirar someramente las causas judiciales que abrojan a las personas a los establecimientos de muerte ensalzados por las democracias burguesas como reformatorios, campos de concentración para la recuperación de la entidad de buenos ciudadanos, depósito de desechos, o como quiera el sentido común denominarlo. Pero lo que más hay son presos “por si acaso” o más bien presos “por ser lo que son”, es decir que una parte de la población carcelaria de Argentina está compuesta por personas que reúnen determinadas características sociales: joven, pobre y desempleado.
Según las últimas estadísticas oficiales del SNEEP[i] el 95.7% de la población carcelaria en Argentina son varones, de los cuales el 60% son jóvenes de entre 18 y 35 años provenientes de hogares humildes con escaso acceso a formación escolar, apenas si terminada la primaria, y con igual escaso e informal acceso al empleo. Las principales causas por las que se encuentran en prisión es por Robo y/o tentativa de robo, infracción a la ley de estupefacientes (consumo o microtráfico). Un dato final de esta retahíla de números es que el 48% de los internos no tiene condena firme.
La lectura de estadísticas carcelarias no es tan placentera como el consignismo o el memeo al que nos estamos mal acostumbrando pero es urgente porque es la enunciación de un drama profundo que nos atraviesa como sociedad: la prisionización de la juventud. Cada vez que un changuito, un pibe, un gurí, cae preso lejos de ganar tranquilidad y seguridad perdemos una vida, un futuro, una posibilidad. Porque va preso por su status quo más que por su hacer, y en la perversidad de este sistema lo más probable es que vaya a hacer lo que su “ropa le demanda”, es decir su contexto, el lugar en el que ha sido puesto, lo que los medios le dicen que tiene que hacer. O sea, por ser pobre y villero tu rol es robar, drogarte, vender, comprar y caer, siempre caer, muerto o preso.
No es nuevo, pero la consolidación del sistema penal punitivista de clase es alarmante. Venimos de una historia de siglos en la que los sectores de poder determinan un enemigo, un “otro” al que no le caben los mínimos derechos casi que ni el status de persona por lo cual puede ser destratado, humillado, linchado. Lo que se cristaliza ante nuestros ojos de siglo XXI es un aceitado sistema que se asienta en la represión violenta y descarnada a un sector de la sociedad, acometido en el que se utilizan los recursos del Estado a discreción y con procedimientos flagrantemente anticonstitucionales en los que la policía a través de protocolos, usos y costumbres avanza en el objetivo de “limpiar” las calles segregando a los “enemigos” al destierro de las villas miserias o al entierro de las cárceles, sin mediar principios jurídicos ineludibles como el de un juicio justo, derecho a defensa y demás atribuciones constitucionales que, a esta altura de la corrosión del sentido común, han quedado como demandas exageradas y contemplativas cuando en realidad son los principios básicos del ordenamiento jurídico argentino. El Código Penal es en gran medida violatorio de los derechos humanos, los procedimientos son aberraciones jurídicas que lesionan los principios básicos de la Constitución y el sentido común es un cáncer que justifica lo anterior y pide más brutalidad aún. La barbarie llegó, hace rato…
No puede quedar fuera de análisis el contenido de clase del ordenamiento penal de nuestro país, justamente porque los delitos por los que se va preso nada tienen que ver con las estafas millonarias de los bancos, los saqueos al estado, la usura de los financistas ni la malversación de fondos públicos por parte de funcionarios. El Código Penal, como el resto de la administración de justicia, está hecho por y para la burguesía y por añadidura para un sector de la sociedad que rodea marginalmente al poder, el resto de la población es víctima de una impostura perversa que se lleva puesta su dignidad. Si no pensamos la política y la justicia en términos de lucha de clases corremos el riesgo de terminar creyendo que las cárceles sirven para “reformar” a las personas y que nada tienen que ver con el control social de los trabajadores, es decir una herramienta más de sojuzgamiento de una clase a otra. Puesto así no queda otro camino que la dialéctica entre exigir las condiciones mínimas de dignidad jurídica tanto en el proceso como en las condiciones de encarcelamiento mientras se da la pelea de fondo de subvertir el sistema capitalista porque “si esta cárcel sigue así todo preso es político” y si todo preso es político toda cárcel es Pabellón Séptimo.
[i] SISTEMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS SOBRE EJECUCIÓN DE LA PENA, 2016.: http://www.jus.gob.ar/media/3268598/Informe%20ejecutivo%20del%20Sneep%202016-Sistema%20Nacional%20de%20Estad%C3%ADsticas%20sobre%20Ejecuci%C3%B3n%20de%20la%20Pena.pdf
